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La desregulación avanza: el Gobierno autoriza el uso de armas semiautomáticas en actividades deportivas

A través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el Gobierno Nacional flexibilizó la normativa de adquisición y tenencia de armas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR para civiles. La iniciativa revoca una prohibición que regía desde 1995.
MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 2025

El Gobierno dispuso una nueva flexibilización y revoca una prohibición que estuvo vigente desde 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. 

A partir de este miércoles, a través de le decreto 397/2025 publicado en el Boletín Oficial que cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ejecutivo Nacional habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles.

La resolución permite que particulares puedan utilizar este tipo de armamento bajo la categoría de "uso deportivo", medida que amplia el margen legal para su adquisición y portación en clubes de tiro y competencias habilitadas.

La norma establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) podrá "autorizar a legítimos usuarios de armas de Uso Civil Condicional la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR".

Según el Ejecutivo, se busca "modernizar y adecuar la normativa a los estándares internacionales del tiro deportivo", aunque distintos sectores advierten que se trata de un paso más en la liberalización del acceso a las armas de fuego.

La resolución también establece que podrán importarse modelos de armas semiautomáticas con fines competitivos, incluso aquellas que hasta ahora estaban restringidas para civiles. 

La medida se suma a una serie de flexibilizaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei en su cruzada contra lo que denomina "el peso del Estado en la vida de los individuos", una narrativa que, para sus críticos, pone en riesgo derechos básicos y la seguridad ciudadana.

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