La escena fue tan explícita como alarmante: en plena Cumbre Mundial de Comunicación Política, realizada en la Universidad Católica Argentina, el diputado José Luis Espert repitió en público un violento agravio contra Florencia Kirchner, situación que generó un fuerte repudio y su posterior expulsión del auditorio. 

Aunque el legislador intentó justificar sus palabras como una cita de un tuit anterior, lo cierto es que el episodio pone en evidencia un fenómeno creciente: el avance de los discursos de odio bajo el paraguas de la "libertad de expresión".

Las palabras no son inocuas. Tienen consecuencias sociales, políticas y emocionales. Cuando se naturalizan expresiones que denigran, insultan o deshumanizan, se abre la puerta a una escalada peligrosa donde la agresión deja de ser verbal para convertirse en violencia real. Lo que empieza como una frase lanzada desde un atril o un posteo en redes sociales, puede terminar en discriminación, persecución, exclusión e incluso pasar a la violencia física.

No se trata de censurar opiniones distintas ni de limitar el debate democrático. Por el contrario, defender la libertad de expresión implica también exigir responsabilidad a quienes ocupan lugares de poder. El disenso es saludable; el odio, no. No todo lo que se puede decir, se debe decir.

La reacción del público, que repudió de inmediato los dichos del legislador, y el posterior comunicado de la UCA repudiando las "expresiones agraviantes", son señales alentadoras de que la sociedad todavía puede marcar límites. 

Sin embargo, no alcanza con reaccionar, es necesario educar, sensibilizar y legislar, si hace falta, para que el espacio público no se convierta en una zona liberada para el odio.

El respeto, la empatía y la escucha son los pilares de toda convivencia democrática, y defenderlos es tarea de todos.

Comunicado de la UCA