En el marco de las acciones que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación. Desde la Provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública
Así lo informaron los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, este viernes al dar a conocer medidas concretas que se tomarán en la Provincia.
“La lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia” consideró Cococcioni, por lo cual aseguró que las medidas “tienen como blanco poblacional gente ligada directamente a la actividad criminal en la provincia y apuntan a resguardar la seguridad pública”.
Comité y programa de disrupción patrimonial y financiera
Es por eso que el funcionario anunció la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de poner en marcha “un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera (es decir, detectar un crecimiento patrimonial inusual) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia”. Para eso, se llevará adelante “un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales”, subrayó Cococcioni.
El comité funcionará “en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial”, agregó el titular de Justicia y Seguridad con el objetivo de “reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado”.
Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear. “Estas no son medidas de investigación penal ni investigación judicial sino que son medidas administrativas para dificultar el financiamiento de la actividad del crimen organizado, mediante un mecanismo que reunirá información de distintos ámbitos del Estado, vinculándola al sistema de Inteligencia e Investigación Criminal, priorizando grupos criminales con capacidad de realizar actos violentos”, sumó Cococcioni.
Recuperar la actividad económica con controles
Por su parte Olivares consideró que el blanqueo anunciado por la Nación “genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%” donde están las organizaciones criminales, por lo que reconoció que “tratando de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad, es donde focalizamos en este 1%”.
Además recordó que el Gobierno nacional ya había dispuesto que quienes “quería sacar los ‘dólares del colchón’ tuvieran un blanqueo generoso para hacerlo; lo pudieron hacer e incorporaron esos dólares al circuito formal” por lo cual consideró que “estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca”.
