La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa que investiga el trato privilegiado que recibió Juan Ignacio Suris, empresario vinculado al narcotráfico, durante su detención entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en Santa Fe.

Según la acusación presentada por la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de los fiscales Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock, Suris accedió a un régimen de detención totalmente irregular gracias al presunto pago mensual de sobornos de hasta 2.000 dólares. La intermediaria de los pagos habría sido Mariana Martínez, quien lo visitaba regularmente.

Según la fiscalía, los jefes policiales Guillermo Gabriel Gallo (comisario) y Leonardo Rafael Benítez (subcomisario) -a cambio del dinero- le habrían permitido a Suris disponer de una serie de privilegios inusuales para un detenido:

-Libertad de movimiento dentro del "Casino de Oficiales".

-Uso de teléfonos celulares, incluso el del subcomisario.

-Visitas sin controles ni horarios.

-Acceso a electrodomésticos, aire acondicionado y bebidas alcohólicas.

-Posibilidad de realizar compras personales a través del personal policial.

Durante su detención, Suris adquirió un nivel de influencia inusual en la dependencia, según varios testimonios, incluso habría participado en reuniones de jefatura y compartido comidas con el personal jerárquico.

La causa comenzó el 22 de enero de 2024, tras una denuncia anónima. Las pruebas recolectadas incluyen allanamientos, registros de cámaras de seguridad, entrevistas al personal y pericias sobre dispositivos electrónicos. Uno de los hechos clave ocurrió el pasado 20 de enero, cuando Mariana Martínez habría entregado un millón de pesos en efectivo al subcomisario Benítez dentro del Casino de Oficiales, situación que quedó registrada en video y comunicaciones.

Además, el 28 de febrero, Benítez reveló a Suris información confidencial de una causa de narcotráfico bajo secreto de sumario, hecho que podría configurar el delito de violación de secretos.

Los fiscales solicitaron la elevación a juicio oral con las siguientes imputaciones:

Guillermo Gallo y Leonardo Benítez: cohecho pasivo, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y (en el caso de Benítez) violación de secretos.

Juan Ignacio Suris: cohecho activo.

Mariana Martínez: partícipe necesaria del cohecho activo.

La Fiscalía considera que no se trató de un hecho aislado, sino de una estructura organizada de corrupción dentro de la Policía Federal en Santa Fe. El caso reabriría el debate sobre el control y la transparencia en centros de detención que operan fuera del sistema penitenciario formal.