Sin difundir ningún dato, y mediante un simple decreto, Javier Milei eliminó la unidad especial creada hace tres meses para investigar el presunto fraude con la criptomoneda $Libra. La medida encendió las alarmas en la oposición y sectores independientes.

La decisión -oficializada el pasado 20 de mayo- cuenta con la firma del presidente junto con a la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La UTI fue creada en febrero de este año, luego del fuerte escándalo que provocó la promoción pública de $Libra por parte Milei a través de su cuenta oficial de X lo que disparó su valor de forma artificial y terminó en un desplome que dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La unidad tenía como misión central recopilar información y colaborar con la Justicia para esclarecer responsabilidades.

Sin embargo, el oficialismo sostiene que la UTI "cumplió con su tarea", aunque no presentó informes ni resultados oficiales que justifiquen su cierre. La falta de transparencia y la premura para disolver este organismo fueron interpretadas por la oposición como un intento del presidente de evitar que la investigación avance, para proteger intereses propios o de sus allegados.

La eliminación de esta unidad no sólo afecta la credibilidad del gobierno, sino que también debilita la confianza ciudadana en la gestión pública y el sistema judicial, especialmente en un caso donde está en juego la integridad del mercado financiero y la protección de miles de ahorristas afectados.

En paralelo, el Congreso decidió formar su propia comisión investigadora, que comenzó a citar a funcionarios del gabinete para exigir explicaciones. Sin embargo, la actitud evasiva del gobierno y la falta de colaboración generan dudas sobre el compromiso real de Milei con la transparencia y la rendición de cuentas.

La eliminación de la UTI en el caso $Libra, lejos de sostener la lógica discursiva del gobierno con frases como "el que las hace, las paga", expone una decisión política orientada más a garantizar la impunidad y el encubrimiento que a promover justicia y proteger al ciudadano común.