El Gobierno Nacional oficializó la creación de un régimen simplificado de importaciones de pequeños envíos destinados a consumidores finales desde el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego hacia todo el país, a través del Decreto 334/2025, publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La nueva normativa había sido adelantada la semana pasada por Luis Caputo, alegando que se aplica a modo de "compensación" tras los reclamos de las empresas, los sindicatos y hasta el gobernador de la provincia, Gustavo Melella.
En qué consiste la medida
Actualmente la provincia cuenta con un régimen especial de excepción de impuestos nacionales. Sin embargo, los productos enviados desde la isla son considerados como una exportación.
Al implementarse la venta directa se evitarían los trámites y se tratarían como compras realizadas vía courier. Es decir, como una compra de productos en el extranjero que se reciben en el domicilio a través de una empresa de mensajería privada.
De esta manera, las personas humanas radicadas en el Territorio Nacional podrán hacer compras con un límite de valor de US$ 3000 por envío de hasta tres unidades de la misma especie por año únicamente para uso y consumo particular, quedando prohibida su comercialización.
La Secretaría de Industria y Comercio tendrá la posibilidad de reducir o incrementar la cantidad de unidades y/o el valor fijado, así como también determinar un número de operaciones anuales permitidas, considerando los indicadores relacionados con los productos, como el valor en el mercado y la demanda, entre otros.
Medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo y la industria nacional
El martes de la semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la eliminación de aranceles para las importaciones de celulares y otros productos electrónicos. La declaración generó una respuesta sindical y política de gran intensidad en la provincia debido a que el anuncio ponía en juego miles de puestos de trabajos.
En exclusiva con la Nueva Nueve, la diputada nacional de UxP por Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, afirmó que, de las 7.000 personas que trabajan en la industria electrónica, "tenemos el riesgo de perder 3.500 puestos directos más otros 2.800 o 3.000 asociados al empleo indirecto".
Dentro de las organizaciones gremiales que se adhieren al reclamo se encuentran la CGT regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, judiciales, seguridad privada y docentes quienes comunicaron su desacuerdo: "Expresamos nuestro rechazo absoluto y exigimos la marcha atrás de todas las medidas implementadas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia".